La condena a tres años de cárcel al alcalde René Joaquino no tendría nada de especialmente extraño si fuese un acontecimiento aislado. Sin embargo, se calcula que unos 140 opositores están actualmente siendo procesados en Bolivia por distintas causas. La cantidad de casos de opositores condenados o con procesos abiertos o anunciados es ya tan alto que difícilmente puede ser una casualidad y presumiblemente pasa a constituirse en un patrón de actuación política basado en la utilización de los instrumentos judiciales como factor de represalia a la oposición. De probarse, esta actuación atenta contra principios básicos de la democracia y, en particular, contra el principio de mayoría relativa o limitada: En democracia gobierna la mayoría, pero el poder de esa mayoría no puede ser absoluto o ilimitado, sino que debe estar restringido por la aceptación de que existe una minoría que también es parte del pueblo y que, por consiguiente, también tiene derechos y cuya opinión y su derecho a participar en política es fundamental.
Hasta Naciones Unidas (en los hechos no especialmente proclive a denunciar estos casos para no tener que enfrentarse al gobierno) ha tenido que rendirse ante la evidencia y, así, la sudafricana Navanethem Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha tenido que recordar que la independencia judicial es fundamental en la democracia y ha recordado que en Bolivia “Las acciones tomadas en contra de los miembros de la oposición son sujeto de preocupación”.
La diferencia de René Joaquino con el resto los 140 opositores procesados es, quizás, su perfil. De todo el conjunto, Joaquino es el que tiene, al menos potencialmente, un perfil político más alto. Una vez que los prefectos de la media luna han decidido bajar su perfil y que la oposición parlamentaria ha fracasado ruidosamente en su expectativa de articular una oposición trascendente, Joaquino tiene ahora la posibilidad, si sabe administrar adecuadamente sus tiempos y sus recursos, de irse convirtiendo en la cabeza visible de la oposición boliviana. Esta posibilidad proviene de los propios méritos de Joaquino, pero también de la absoluta ausencia de opciones alternativas.
Joaquino comparte con el presidente Morales el origen indígena, popular y de izquierda, pero tiene convicciones democráticas aparentemente más arraigadas, lo que le da , al menos potencialmente, la capacidad de convertirse en una alternativa viable para todos aquellos bolivianos que buscan una alternativa de oposición democrática y progresista, es decir, que promueva el sostenimiento de los avances sociales logrados sin por ello tener que renunciar a la democracia. En ese sentido, el juez del Tribunal de Sentencia Nro. 1, Jaime Choquevillque puede, sin pretenderlo, haberle hecho un favor a Joaquino, al haberle dado una visibilidad nacional que parecía haber perdido tras los malos resultados de las elecciones nacionales de diciembre de 2009.
Es difícil saber si el proceso judicial permitirá a Joaquino (jurídica, pero también anímicamente) afrontar la necesidad de comenzar a construir un espacio político más amplio.
Si lo decide, su primera necesidad parece ser la de lograr salir lo antes posible del estrecho ámbito de Potosí y comenzar a buscar nuevas y mayores alianzas (de carácter amplio, plural y democrático, político y social), sobre todo en el oriente del país, políticamente tan trascendental pero lamentablemente tan huérfana de liderazgos claros, pero también en otras zonas del occidente, porque hay muchas personas y muchas organizaciones en este país que parece que sólo están esperando que llegue alguien que esté dispuesto a liderarlos desde una opción democrática y de progreso social. Este es un trabajo lento y complejo y Joaquino no debe apresurarse (no debe cometer el mismo error que ya cometió en diciembre de 2009) pero la política boliviana muestra un gigantesco vacío de oposición que necesariamente debe ser llenado y Joaquino posee la moderación y el prestigio suficiente (y ahora la simpatía de todos los que tienen la seguridad de que está siendo víctima de una extraordinaria injusticia) para comenzar a trabajar en esa dirección. Ciertamente lograrlo no será fácil, pero, ahora mismo, parece ser el que más posibilidades puede tener.
Hasta Naciones Unidas (en los hechos no especialmente proclive a denunciar estos casos para no tener que enfrentarse al gobierno) ha tenido que rendirse ante la evidencia y, así, la sudafricana Navanethem Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha tenido que recordar que la independencia judicial es fundamental en la democracia y ha recordado que en Bolivia “Las acciones tomadas en contra de los miembros de la oposición son sujeto de preocupación”.
La diferencia de René Joaquino con el resto los 140 opositores procesados es, quizás, su perfil. De todo el conjunto, Joaquino es el que tiene, al menos potencialmente, un perfil político más alto. Una vez que los prefectos de la media luna han decidido bajar su perfil y que la oposición parlamentaria ha fracasado ruidosamente en su expectativa de articular una oposición trascendente, Joaquino tiene ahora la posibilidad, si sabe administrar adecuadamente sus tiempos y sus recursos, de irse convirtiendo en la cabeza visible de la oposición boliviana. Esta posibilidad proviene de los propios méritos de Joaquino, pero también de la absoluta ausencia de opciones alternativas.
Joaquino comparte con el presidente Morales el origen indígena, popular y de izquierda, pero tiene convicciones democráticas aparentemente más arraigadas, lo que le da , al menos potencialmente, la capacidad de convertirse en una alternativa viable para todos aquellos bolivianos que buscan una alternativa de oposición democrática y progresista, es decir, que promueva el sostenimiento de los avances sociales logrados sin por ello tener que renunciar a la democracia. En ese sentido, el juez del Tribunal de Sentencia Nro. 1, Jaime Choquevillque puede, sin pretenderlo, haberle hecho un favor a Joaquino, al haberle dado una visibilidad nacional que parecía haber perdido tras los malos resultados de las elecciones nacionales de diciembre de 2009.
Es difícil saber si el proceso judicial permitirá a Joaquino (jurídica, pero también anímicamente) afrontar la necesidad de comenzar a construir un espacio político más amplio.
Si lo decide, su primera necesidad parece ser la de lograr salir lo antes posible del estrecho ámbito de Potosí y comenzar a buscar nuevas y mayores alianzas (de carácter amplio, plural y democrático, político y social), sobre todo en el oriente del país, políticamente tan trascendental pero lamentablemente tan huérfana de liderazgos claros, pero también en otras zonas del occidente, porque hay muchas personas y muchas organizaciones en este país que parece que sólo están esperando que llegue alguien que esté dispuesto a liderarlos desde una opción democrática y de progreso social. Este es un trabajo lento y complejo y Joaquino no debe apresurarse (no debe cometer el mismo error que ya cometió en diciembre de 2009) pero la política boliviana muestra un gigantesco vacío de oposición que necesariamente debe ser llenado y Joaquino posee la moderación y el prestigio suficiente (y ahora la simpatía de todos los que tienen la seguridad de que está siendo víctima de una extraordinaria injusticia) para comenzar a trabajar en esa dirección. Ciertamente lograrlo no será fácil, pero, ahora mismo, parece ser el que más posibilidades puede tener.
